CATALINA REYES COLÍN - NOTA PUBLICADA: 3/16/2011
El Congreso local aprobó por unanimidad la creación de la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, que les reconoce varios derechos a este grupo.
Muchos de esos derechos ya están en la Constitución Federal, como la no discriminación, a la educación, a la salud, los servicios básicos y el acceso a la justicia.
Pero hay varias novedades, se establece la obligación de que el Gobierno del Estado cree un padrón de pueblos y comunidades indígenas, el cual será operado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
Se aclara que no estar incluido en dicho padrón no limita o desconoce los derechos a favor de este sector de la población.
Podrán elegir representantes ante los Ayuntamientos, y éstos tendrán la obligación de citar a la autoridad indígena a las sesiones donde se tratarán asuntos que competan al pueblo o a la comunidad y habrá sanciones en caso de que no se cumpla con esta obligación.
La SEG deberá garantizar la participación de los representantes de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de programas para promover, preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras su historia, lengua, tradiciones, técnicas de escritura y literatura indígena, que reconozcan la herencia cultural de este grupo.
Se prevén dispositivos relativos al reconocimiento de la medicina tradicional indígena como una alternativa de este grupo poblacional, para la prevención y atención de enfermedades.
Entre las que ya establecía la Constitución, se incluye un capítulo de derechos de los indígenas, que son: igualdad de oportunidades, a ejercer su autonomía, de asociación, a su territorio, al respeto de la propiedad, a desplazamientos o reacomodos, administración de sitios sagrados, a la vivienda, a contar con servicios básicos, a ser consultados, al medio ambiente.
En cuanto al derecho a la no discriminación, se establece la obligación de implementar acciones encaminadas a promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica de este tipo.
Se regula el fomento a la investigación, producción y conservación de las plantas medicinales, mediante la creación de viveros comunitarios.
En cuanto al derecho a servicios básicos, se señala que prioritariamente se deberá brindar atención a los pueblos y comunidades indígenas registrados en el padrón de pueblos y comunidades indígenas.
El Estado y los Municipios deberán garantizar su participación en la planeación, elaboración, ejecución y evaluación de los planes comunitarios y regionales de desarrollo.
En el derecho de acceso a la justicia, deberán tomarse en cuenta sus usos y costumbres.
A propuesta del diputado priísta Luis Gerardo Gutiérrez Chico y del perredista José Luis Barbosa, se modificó el artículo quinto transitorio, que establecía como obligación del Congreso del Estado otorgar el presupuesto necesario para esta ley.
...Y ‘sanan’ sesión con ceremonia
Durante la sesión donde se aprobó la ley, hubo un grupo de 35 representantes indígenas de varios municipios del norte del estado, vestidos de manera tradicional provenientes de Misión de Chichimecas, en San Luis de la Paz; de Cieneguilla, en Tierra Blanca; de Misión de Armeros, en Victoria.
Antes de iniciar la sesión, frente al Palacio Legislativo realizaron una ceremonia de sanación, ataviados también con vestimenta ritual y prehispánica.
Y al iniciar su intervención en tribuna, la diputada panista Luxana Padilla, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que dictaminó esta iniciativa, mostró un bastón indígena que le habían regalado.
En la ley se menciona que como sujetos de esta ley están los pueblos indígenas de Guanajuato: Chichimeca, ezar o jonaz, otomí o ñahñú y pame. Y también los migrantes de los pueblos nahua, mazahua, purépecha, zapotecos, wixárika, mixtecos, mixes y mayas.
