Franco Gabriel Hernández y Genaro Bautista *
Mientras los Estados-nación celebran el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, cerca de 370 millones de personas pertenecientes a estas sociedades, han perdido o están en riesgo de perder sus tierras, territorios o recursos naturales debido a la inequitativa e injusta explotación en nombre del desarrollo, señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El secretario General de la ONU Ban Ki-Moon y la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navi Pillay llamaron este 9 de agosto a adoptar medidas concretas para hacer frente a los problemas que tienen ante sí los pueblos indígenas.
Ban Ki-moon destacó que los pueblos indígenas viven la marginación, la pobreza extrema y la pérdida de tierras, territorios y sus recursos naturales. Los países, indica el máximo líder de la ONU, deben comprometerse a acabar con los graves abusos de los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas en muchas partes del mundo.
Por su parte, Navi Pillay pregunta: “¿quién se beneficia realmente de este denominado desarrollo y a qué costo se lleva a cabo? El cuestionamiento es directo a los gobiernos, agencias de desarrollo y organismos públicos y privados como multinacionales y multilaterales, que en nombre de la palabra mágica de desarrollo deciden por los pueblos los proyectos y programas.
Este tipo de eventos, realizados sin el consentimiento y participación de los pueblos indígenas, responden a los intereses económicos, políticos, culturales y sociales dominantes en cierta región o estado, enfatiza el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Las iniciativas de desarrollo no son necesariamente propuestas de los pueblos indígenas, acentúan.
Esas palabras recuerdan otras vertidas en la reunión de expertos realizada recientemente en Oaxaca y convocada por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la entidad del sureste mexicano, cuando uno de los “expertos” dijo que a los pueblos indígenas solamente hay que consultarles sobre los programas de infraestructura pero no en todos los campos porque los gobiernos no podrían gobernarlos ni ejercer su poder sobre esos pueblos.
Es postura fue cuestionada por distintos liderazgos presentes, ya que se infiere que los indígenas no se dan cuenta de lo que les conviene o como si no pensaran ni pudieran razonar sobre lo que les beneficia y les perjudica. Para el “experto” a los pueblos indígenas no pueden decir ni opinar lo que les conviene.
Navi Pillay plantea: “Aseguremos que el desarrollo para algunas personas no vaya en detrimento de los derechos humanos de otras”. Este principio se ha olvidado para los pueblos indígenas, como se ejemplifica en Malasia, donde las presas hidroeléctricas en Sarawak y Sabah han causado gran preocupación de los pueblos indígenas desplazados o despojados de sus tierras para estas obras.
La agresión de las empresas madereras de los pueblos Penan ha motivado que la Comisión de Derechos Humanos de Malasia inicie un estudio sobre la situación de la tierra de los pueblos indígenas en ese país. Algo similar acontece con el proyecto de Paso de la Reyna en el área de la costa de Oaxaca que amenaza con desplazar a los indígenas mixtecos cuyas tierras de cultivo y de agostadero quedarán irremediablemente inundadas. O la histórica experiencia del desplazamiento de los mazatecos y chinantecos por la construcción de la Presa Miguel Alemán y Cerro de Oro, sólo por mencionar casos emblemáticos.
La funcionaria de la ONU cita a la India, donde se han dado tensiones y conflictos debido a la adquisición de tierras para proyectos de desarrollo y de minería. En ese país los pueblos Adivasi defienden sus tierras ancestrales y bosques comunales pero reciben agresiones a pesar de contar con derechos reconocidos por la constitución y por la Corte Suprema de ese país.
No vamos lejos para ver en Oaxaca una situación parecida: San José del Progreso Ocotlán que lucha por evitar la explotación minera en sus territorios. En verdad que la situación de los pueblos indígenas en el mundo, de los huicholes en México donde el gobierno federal autorizó la explotación minera en sus territorios considerados sagrados, y Oaxaca es de una situación de injusta y completa desigualdad, así como de violación impune de sus derechos humanos.
Con ello, la Declaración de las Naciones para los Derechos de los Pueblos Indígenas es sepultada por los gobiernos a cuatro años de su aprobación. En tanto se espera la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en 2014, pero donde estos pueblos no han sido invitados a tal festejo.
Fuente: AIPIN y www.ecoportal.net
