Es el clamor que por doquier se escucha crecientemente por parte de miles de mexicanos atropellados impunemente en su persona, propiedad u honra, lo que va acentuando con mayor precisión el entredicho en el que se encuentra el sistema de impartición de justicia en México, y más en general, el sistema económico-social completo, sobre todo cuando se constata que el atropello ocurre por negligencia o solapamiento de la propia autoridad.A esta exigencia se están sumando los miles de antorchistas después de los desgraciados acontecimientos del 24 de los corrientes ocurrido en Tlaxiaco, Oaxaca, que quitó la vida a Miguel Cruz José, un ejemplar indígena mixteco de 45 años, luchador social y hombre de bien para su gente en aquella región del país, quien además era miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista.
El asesinato vil de Miguel Cruz es sin lugar a dudas, un crimen político y lo que en el argot literario se denominó, una muerte anunciada, que ocurre en el naciente gobierno aliancista de Gabino Cué Monteagudo, pero que tiene sus antecedentes en el anterior gobierno priista de Ulises Ruiz Ortiz.
El hecho se enmarca en la disputa que sostienen por 1,800 hectáreas de tierra las comunidades de San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, en la mixteca oaxaqueña, conflicto en el cual Miguel Cruz mediaba como asesor y representante de Yosoñama.
Brevemente, la situación es la siguiente: En su inicio, la tierra en disputa estaba en manos de Yosoñama desde hacía más de un siglo; Mixtepec inició juicio agrario de restitución, alegando ser el posesionario original, para ello ejerció una agresiva presión a la autoridad agraria, quien en un acto de cobardía y torpe intervención, decidió desde sus oficinas en el Distrito Federal, que las 1,800 hectáreas pasaran sin más averiguación, a poder de Mixtepec; para ello, hicieron totalmente a un lado los factores histórico-sociales del problema y pasaron olímpicamente sobre el derecho consuetudinario (única fuente de todo verdadero derecho) de Yosoñama.
Con la resolución a su favor y envalentonados por su cercanía con el poder estatal, el cacicazgo de Mixtepec inició una serie de ilícitos para presionar la entrega de las tierras, así es como el 30 de mayo de este año, secuestran a 38 campesinos, manteniéndolos como rehenes 78 días, incomunicados y torturados (lo que constató la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca), con la demanda de canje por los terrenos; la maniobra fracasó gracias a la denuncia y exigencia públicas que los antorchistas realizaron.
Entre agosto y noviembre de este año, pistoleros de Mixtepec han herido a los campesinos Félix Ventura Antonio, Germán Reyes José, Catalino Cruz Reyes y Filemón Antonio José, quien sufrirá invalidez permanente por los dos disparos que recibió en la cabeza.
Han asesinado a Simón Antonio Santos, José Reyes e Isidoro Hernández José, cuando laboraban las tierras; el cuerpo de este último, arrastrado por sus captores, aún no se encuentra, dejando correr el rumor de que fue enterrado de pie en algún lugar del monte.
Al parejo de esa actividad delictiva, los asesinos de Mixtepec han utilizado el sitio electrónico mixtepec.blogspot.com, para amenazar de muerte a las principales cabezas del antorchismo: Ing. Gabriel Hernández García, representante en Oaxaca, Ing.
Aquiles Córdova Morán, Secretario General, y Miguel Cruz José; el 2 de septiembre escribieron que lo matarían, situación que se ha cumplido. De todo esto se informó con oportunidad tanto al anterior como al actual gobierno estatal, demandando seguridad, castigo a los delincuentes y solución de fondo al problema agrario, lo que no ha ocurrido hasta el momento.
El 7 de diciembre pasado, en entrevista concedida a una comisión de la Dirección Nacional Antorchista, el gobernador Gabino Cué Monteagudo ofreció agilizar los procesos, pues dijo que “la impunidad produce nuevos crímenes”, ¿por qué no se ha actuado? ¿Por qué el gobierno de Oaxaca (con Ulises Ruiz) siempre ha protegido a los asesinos? Los responsables deben responder.
Indignados por la serie de terribles acontecimientos, y sobre todo por el injustificable asesinato de Miguel Cruz José, el Movimiento Antorchista Nacional ha emplazado al gobierno de Oaxaca a actuar en un tiempo perentorio para aplicar la justicia a que tienen derecho los afectados.
La autoridad tiene que ir sobre el cacicazgo de Mixtepec, encabezado por Leonel Martínez Sánchez y Adolfo López Hernández, y sus padrinos en el poder estatal. De no actuar, la movilización social organizada será la respuesta.
Los michoacanos siempre hemos sido solidarios con las causas justicieras en la historia del país, por lo tanto, debemos estar a la altura para la defensa de nuestros hermanos oaxaqueños. ¡Justicia! Es la demanda de toda la gente de bien y tiene que levantar la voz con energía y decisión para ser escuchada.
