Ramón John López Morales - 03/01/11
Huajuapan de León, Oaxaca.- (Texcoco Mass Media).- Un tema pendiente en la agenda federal y que repercute en el ámbito de Oaxaca es la aplicación de una regulación más estricta para las Cajas de Ahorro y los Montes de Piedad, ya que por los diversos vacios en materia financiera se aprovechan de las circunstancias, recursos y necesidades de la gente que acuden a ellas, ya sea para incrementar su patrimonio, el de allegarse de dinero extra para solventar alguna situación personal o como simples consumidores. Los gobiernos y los congresos estatales y federales, además de entidades competentes como la Secretaría de Hacienda entre otros, tienen que implementar un amplio marco de garantías para reparar el daño económico, y también moral que ocasionan; sobre todo certeras disposiciones para recuperar el dinero de los ahorradores, robado bajo pretexto de las “quiebras”, frecuente en las cajas de ahorro tratados en esta entrega.
En el estado de Oaxaca existen cerca de 280 cajas de ahorro, de las cuales tres cuentan con sus respectivos registros en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y en la Comisión Nacional Para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que son Caja Popular Mexicana, ACREIMEX y Cooperativa San Juan, es decir, las demás funcionan en forma irregular. Unas 25 instituciones se han declarado en quiebra afectando a 38 mil inversionistas o aportadores, pero dadas las condiciones de irregularidad en que operan representan un riesgo para toda persona que pretende obtener algunos rendimientos extras por su dinero. Recurso procedente en su mayoría de las remesas de los migrantes, que según cálculos reciente, el año pasado Oaxaca recibió 15,520 millones de dólares, cantidad apetecible visto como excelente botín por la proliferación de las cajas, que como sanguijuelas buscan de cualquier forma apropiarse del dinero sin aportar nada al desarrollo y crecimiento económico para el estado.
Esa falta de regulación, reglamentación y sanciones hace que las cajas actúen en total impunidad ya que los castigos y penas a los administradores –no los responsables- resulten mínimos en comparación de daño hecho, y parezca un auténtico saqueo para con las comunidades al no existir autoridad definida para obligar a regresar el monto de lo defraudado estimado en millones de pesos con los cientos de ahorradores dejados en total incertidumbre a lo largo y ancho de las ocho regiones. Lo mismo sucede en Putla, Tlaxiaco, Huajuapan, Juxtlahuaca, San Juan Mixtepec, Santiago Nuyoo y muchos municipios más. Entre las denuncias e irregularidades destacan: Corporativo Azteca, Financiera BASS, Yolomecatl, Caja Popular Mexicana, Grupo Xaun, Caja de Ahorro Atlántico del Sureste, Sacriputla, Centenario, Inversionistas Oaxaqueños, Casandó, Nuevo Milenio, Coofía y Chalcatongo, en fin, mencionarlas excedería este espacio.
Lo más preocupante es que ante el “éxito” del negocio, se tiene conocimiento de que ex trabajadores de algunas de las cajas denunciadas estaban abriendo sus propias financieras. Es aquí donde las autoridades estatales en coordinación con las municipales, deben actuar para evitar que surjan más sucursales sin los documentos, la solidez y el respaldo económico como lo establecen la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Por lo tanto es necesaria su intervención para que las actividades de las cajas se ubiquen de una vez en el marco de la ley, cabe destacar que aquí el gobierno federal tiene la obligación de respaldar al estatal y al municipal porque la función irregular es a todas luces la antesala de mecanismos de fraude para cientos de ahorradores. Si son ilegales o al margen de la ley no debe esperarse nada para cancelarlas.
