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domingo, 29 de agosto de 2010
HUAJUAPAN DE LEÓN.- El dirigente de la organización Antorcha Campesina en esta ciudad, Luis Santiago Ramírez, señaló que a la fecha el gobierno del estado no ha cumplido las demandas de 60 comunidades en la ejecución de obras de carácter social como son: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, caminos rurales, mismos que ascienden a un monto superior a los 35 millones de pesos.
Indicó que estas obras fueron aprobadas en el mes de marzo por el gobierno del estado, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), “los cuales ya contamos con oficios de autorización, pero las dependencias aún no han liberado los recursos para la ejecución de las obras a beneficio de los pueblos marginados de la región”.
Aseveró que ante la falta de respuesta y a unos meses de que concluya la administración el actual gobierno, diez mil antorchistas mixtecos se movilizaran a la capital del estado y del país el próximo 7 de septiembre para exigir la asignación de recursos para el inicio de obras, además de exigir la solución al conflicto agrario entre Santo Domingo Yosoñama y San Juan Mixtepec, que dejo como resultado 39 personas secuestradas por 72 días, un muerto y 3 personas heridas, además de la amenaza de muerte contra el líder de esta organización Aquiles Córdova Moran.
Santiago Ramírez, expresó que los municipios mixtecos donde se ejecutaran estas obras son; San Juan Ñumi, San Sebastián Nicananduta, Santiago Yolomecatl, Huajuapan de León, entre otros.
Dijo que la movilización efectuarse en la capital del estado, estarán participando 22 mil antorchistas y al Distrito Federal, 50 mil integrantes de esta organización, provenientes del Estado de México, Puebla, entre otros, para exigir al gobierno del estado la liberación de los recursos para obras sociales en las comunidades de antorcha en la entidad y para solucionar le conflicto agrario entre Mixtepec y Yosoñama.
Cabe señalar que esta organización mantiene un plantón en el zócalo del estado, desde el pasado 31 de mayo para presionar al gobierno del estado a que cumpla con sus compromisos pactados en diferentes mesas de trabajo.