Oaxaca: otra ves los necesarios puntos sobre las íes

Por Aquiles Córdova Morán - miércoles, 11 de agosto de 2010
El sábado 7 de agosto, pasado el medio día, se suscitó un incidente violento y grave entre gente comandada por el Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan Mixtepec y vecinos de la agencia municipal de Santo Domingo Yosoñama, municipio de San Juan Ñumí, en la Alta Mixteca oaxaqueña. El saldo (por lo menos el que se ha podido certificar hasta hoy) es de un campesino muerto que responde al nombre de Simón Antonio Santos, de 54 años de edad, y cuatro heridos: Filemón Antonio José, de 57 años y quien recibió dos disparos en la cabeza, Félix Ventura Antonio, Germán Reyes José y Catalino Cruz Reyes, todos ellos de Santo Domingo Yosoñama y ninguno del bando de Mixtepec. Los medios oaxaqueños y nacionales, casi unánimemente, han hablado de un “enfrentamiento” entre dos grupos armados, aunque, hasta donde he podido seguirlos, todos dan correctamente el saldo sangriento y la filiación de las víctimas, que es la misma que yo doy aquí. Ante tal resultado, que podemos dar por seguro, es evidente que la versión del “enfrentamiento” no se sostiene, pues, de haber sido así, los muertos y los heridos deberían haber caído por ambas partes. Y éste no es el caso.

Y, en efecto, no se trató de un enfrentamiento, sino de una brutal agresión pura y simple. Como he informado con anterioridad, Yosoñama y Mixtepec mantienen una disputa de siglos (por lo menos más de 100 años) sobre una superficie de 1,800 has., rica en recursos naturales y en tierras con vocación para la agricultura. El conflicto, larvado todo este tiempo, se reactivó y agudizó hasta el punto en que hoy se encuentra por culpa de los funcionarios del Tribunal Agrario con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, los cuales, con la delicadeza y tacto de un elefante en cristalería, resolvieron a favor de Mixtepec apoyándose exclusivamente en los errores y deficiencias del asesor jurídico de Yosoñama. Con ello, pasaron olímpicamente por encima del argumento de hecho (que no niega ni siquiera la gente de Mixtepec) de que la superficie en litigio ha estado en posesión, siempre y sin ninguna interrupción, de la gente de Buena Vista Yosoñama, es decir, se hizo a un lado la posesión pública, pacífica, continua y por un tiempo suficiente, como fuente legítima de propiedad de un bien inmueble.

Pero las gentes de Yosoñama no estuvieron ni estarán nunca de acuerdo con el despojo. Tan pronto conocieron la sentencia, procedieron a su apelación animados por una mejor asesoría legal, apelación que no ha sido resulta en definitiva y, por tanto, el caso está sub iudice y las partes obligadas a respetar el estado de cosas que prevalecía al iniciarse la litis. Sin embargo, los caciques que manipulan a la gente de Mixtepec no reconocen ley ni principio jurídico alguno; se escudan tras los “usos y costumbres” que, como bien se sabe, no todos son respetables y algunos implican crueldades brutales, injusticias evidentes y hasta verdaderos crímenes. A tal primitivismo mental hay que añadir, según insistentes rumores que corren en los mentideros políticos de la ciudad de Oaxaca, la instigación de gentes encumbradas y poderosas que quieren quedarse con las tierras en conflicto. Son ellas, se dice, quienes presionan a los cabecillas de Mixtepec para tomar posesión “de facto” de los terrenos, y quienes les brindan protección para cometer ilícitos tan graves como el secuestro de los 38 campesinos de que he hablado.

Pues bien, en este marco se inscriben los hechos del sábado 7 de agosto. “Por acuerdo de la comunidad”, según el representante de bienes comunales de Mixtepec, se decidió entrar a la zona en conflicto para “abrir una brecha” que marque el límite entre Mixtepec y Yosoñama, es decir, se trataba de ejercer un acto de soberanía sobre la superficie en conflicto sin el consentimiento de la contraparte. La gente de Yosoñama se agitó y comenzaron a surgir voces que proponían “defender su línea” a como diera lugar. Ante esto, la dirección antorchista de Oaxaca acordó dos cosas: primera, dar aviso al gobierno del estado para que impidiera la provocación; segunda, reunir a la gente de Santo Domingo para tranquilizarla y, en cualquier caso, mantenerla ocupada y evitar que actuara por su cuenta. El gobierno de Oaxaca ignoró por completo la petición; pero el líder antorchista de Yosoñama, Miguel Cruz José, oriundo del municipio y hombre sereno, inteligente y políticamente educado, sí cumplió la tarea de convocar al pueblo y mantenerlo reunido y en calma mientras pasaba el peligro.

Pero todo este esfuerzo se vino abajo cuando llegó la noticia de que unos 300 hombres armados de Mixtepec habían apresado a tres lugareños que trabajaban en sus parcelas (uno de ellos, el mencionado Filemón Antonio José, gravemente herido) y los llevaban “detenidos” a Mixtepec. Ya no fue posible contener a la gente. La marea humana desbordó a Miguel Cruz y se lanzó al rescate de los secuestrados. Esto prueba que ni se trató de un enfrentamiento ni es verdad que hubo armas por ambos lados. Por el contrario, a pecho desnudo los de Yosoñama lograron rescatar al herido y a sus dos compañeros, pero el costo fue el que ya queda dicho. Así se explica que todas las víctimas sean de un solo lado.

El antorchismo oaxaqueño afirma, con razón, que el responsable principal, aunque no único, es el gobierno de Oaxaca, por negarse reiteradamente a aplicar la ley en el caso de los secuestrados, por el tiento con que trata a los secuestradores y por la omisión dolosa frente a la provocación de Mixtepec. También afirman que temen, hoy más que nuca, por la vida de los secuestrados y responsabilizan al Poder Judicial y Ejecutivo de Oaxaca por su vida. El antorchismo nacional respalda esta postura y advierte que lo ocurrido, de no aplicarse enérgicamente la ley y la fuerza del Estado, será sólo el preludio de un mayor derramamiento de sangre, misma que caerá sobre las cabezas de quienes se niegan a cumplir con su deber elemental.